El 25 de junio de 2024, el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, que preside la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), aprobó por unanimidad la Política Nacional de Transporte Público Colectivo Urbano (PNTPCU), un instrumento sin precedente que busca que gobiernos federal, estatal y municipal alineen sus reglas de movilidad, desarrollo urbano y ordenamiento territorial para mejorar un servicio del que dependen a diario millones de personas en el país.
Qué resuelve el documento
La política surge ante un diagnóstico compartido por autoridades y especialistas: la ausencia de una regla nacional unificada había fragmentado los sistemas de transporte colectivo en las ciudades mexicanas, lo que se traduce en congestión, tiempos de traslado excesivos y pérdidas de productividad para los usuarios.1
De acuerdo con el documento oficial del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, el transporte público en su conjunto traslada a más de 21 millones 264 mil personas diariamente en México, y el transporte colectivo de mediana y baja capacidad —microbuses y combis, principalmente— atiende al 89% de los usuarios, frente a una proporción menor que usa sistemas masivos como metro o trenes ligeros.2
El texto también documenta una brecha de género en el uso del transporte: el 35.8% de las mujeres lo elige como primera opción para ir al trabajo, frente al 26.7% de los hombres, lo que la política reconoce como un factor a atender en el diseño de los sistemas.2
Lo que hay que saber
- Quién la aprobó
El Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, presidido por la SICT, la aprobó por unanimidad el 25 de junio de 2024.
- Quién la elaboró
La Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM), con apoyo técnico del Instituto de Recursos Mundiales México (WRI México) y la Sedatu.
- A cuántas personas afecta
El transporte público mueve más de 21.26 millones de viajes diarios en México, según el propio documento.
- Qué gasto cuestiona
Señala que más del 70% del presupuesto de movilidad se destina hoy a infraestructura vial orientada al automóvil.
Un proceso de más de dos años
El subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Sedatu, Daniel Octavio Fajardo Ortiz, explicó durante la sesión en que se aprobó el documento que este forma parte del marco que se desprende de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, y que fue elaborado por WRI y enriquecido por la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad.3
La política no impone un modelo único: reconoce contextos, problemas y niveles de avance distintos entre ciudades, por lo que plantea acciones diferenciadas según el grado de gestión y el modelo de operación de cada autoridad local.3
Fue un proyecto que se socializó durante un largo periodo, entre agosto y octubre del 2023, recibimos más de 230 comentarios, y realizamos talleres con especialistas.
Octavio Fajardo Ortiz, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Sedatu
Los principios que marca la política
El documento establece una serie de principios bajo los cuales debe prestarse el transporte público colectivo urbano en el país, pensados para orientar a las autoridades locales en el diseño de sus propios programas de mejora.
- Calidad del servicio
- Equidad e inclusión
- Seguridad
- Sostenibilidad financiera
- Innovación tecnológica
- Cuidado colectivo
- Justicia social
El dinero: de dónde sale y a dónde debería ir
Uno de los diagnósticos más citados del documento es presupuestal: actualmente más del 70% del gasto público dedicado a movilidad se destina a infraestructura vial que prioriza el traslado en automóvil, y no a acciones de movilidad sostenible como corredores de transporte colectivo, ciclovías o mejoras peatonales.4
La política plantea que esa distribución debe modificarse para que los recursos lleguen con mayor peso a los sistemas que usa la mayoría —el transporte colectivo de mediana y baja capacidad—, en lugar de concentrarse en obra vial para automóviles particulares.4
Además, organizaciones como la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM) han señalado que aplicar esta política será clave para que estados y municipios puedan acceder a recursos financieros federales destinados al sector.
Qué sigue
La política busca además vincularse con instrumentos financieros existentes, como el Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo (Protram), para que los proyectos que reciban recursos federales se alineen con los criterios de calidad, seguridad y sostenibilidad financiera que marca el documento.5
En el evento de aprobación estuvieron presentes la directora general de Autotransporte Federal, Laura Nohémi Muñoz Benítez, y el director de Movilidad de WRI México, Rodrigo Díaz González, quienes celebraron que el instrumento dé a entidades y ciudades un diagnóstico y metas claras de corto, mediano y largo plazo para mejorar la calidad del servicio.6
El reto ahora está en la implementación: la política es una guía, no una ley de cumplimiento obligatorio, por lo que su efecto real dependerá de que cada gobierno local decida adoptar sus recomendaciones y de que los fondos federales condicionen su entrega a ese alineamiento.
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