A cuatro años de que venza el plazo fijado por la ONU para tener sistemas de transporte seguros, asequibles y sostenibles, la Unión Internacional de Transporte Público (UITP) advierte que México llega con flotas envejecidas, administración fragmentada y una calidad de servicio que el 40% de la población considera ineficiente, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)1.
Un diagnóstico desde el Congreso Internacional de Transporte
El diagnóstico surgió durante el 15 Congreso Internacional de Transporte, donde especialistas señalaron que la renovación de unidades, los modelos de administración, la transición a energías limpias, la implementación de nuevas tecnologías, las políticas de tarifas y subsidios, y la legislación e infraestructura son los frentes más críticos que México debe resolver antes de 2030, año en el que se espera avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU1.
El transporte público del país, compuesto principalmente por autobuses, metro, Metrobús y tren ligero, enfrenta problemas de infraestructura y cobertura. Ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey desarrollaron sistemas relativamente modernos, pero la mayoría de las zonas urbanas y rurales carecen de servicios eficientes y seguros1.
El transporte mueve a lo más importante de este país: su gente
Elim Luviano, especialista en transporte y movilidad
Flota vieja y hombres-camión
El presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM), Nicolas Rosales Pallares, explicó que en México existen 200 mil empresas de autotransporte federal registradas ante la SICT, de las cuales el 80% son operadas por un solo dueño-operador conocido como "hombre-camión"1. Programas como el de Apoyo Federal al Transporte Masivo buscan financiar la renovación de unidades, pero han resultado insuficientes frente al tamaño del rezago.
La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) calcula que es urgente renovar al menos 40 mil autobuses de transporte público de pasajeros con placas federales que superan los 20 años de antigüedad2. La organización ha impulsado la renovación de flota como uno de los pilares para avanzar hacia la movilidad sostenible y mejorar la seguridad vial en calles y carreteras del país1.
Lo que hay que saber
- Diagnóstico
El 40% de la población considera ineficiente el transporte público, según el INEGI[^1].
- Flota rezagada
ANPACT pide renovar al menos 40 mil autobuses con más de 20 años de antigüedad y placas federales[^2].
- Empresas atomizadas
El 80% de las 200 mil empresas de autotransporte federal registradas ante la SICT son operadas por un solo hombre-camión, según la AMTM[^1].
- Uso del transporte
El 96% de los viajes interestatales de personas se hace en autobús, y 43% de los trabajadores usa transporte urbano para ir a su empleo[^3].
Electrificación desigual y lenta
En electromovilidad, la Ciudad de México avanza con la renovación de la flota de trolebuses del Servicio de Transportes Eléctricos (STE), que sumó 413 nuevas unidades Yutong y Zhongtong hasta diciembre de 2023, con la meta de llegar a 500 unidades para finales de 20244. El proyecto forma parte del Programa Integral de Movilidad capitalino y se ha financiado sobre todo con presupuesto gubernamental, aunque también se han abierto rutas con participación privada mediante subsidios para la compra de unidades.
El Metrobús también avanzó: su Línea 3 se convirtió en la primera completamente eléctrica del sistema, y la Línea 4 sigue ese camino con autobuses articulados eléctricos4. Sin embargo, la adopción de vehículos eléctricos en el país sigue siendo marginal: según la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), solo el 1.24% de las ventas totales de vehículos ligeros correspondió a unidades eléctricas en un mes reciente, con 1,405 unidades vendidas5.
Marco legal ya existe; falta ejecución
México cuenta con un marco normativo relativamente reciente: en 2019 se convirtió en la primera nación en declarar el acceso a la movilidad segura un derecho humano, y en 2021 aprobó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMySV) para garantizar que todas las personas puedan moverse con seguridad, equidad y accesibilidad6. En 2023 se publicó además la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial (Enamov) 2023-2042, que coloca al transporte público como eje del desarrollo integral del país.
En paralelo, la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM), que preside Ricardo Serrano, presentó en octubre de 2024 la Agenda Nacional de Movilidad 2024-2030 durante el 30º Encuentro Nacional de Autoridades de Movilidad, con la participación de autoridades federales, estatales y municipales, así como de la industria y la sociedad civil2. El documento busca delinear políticas para descarbonizar el autotransporte y transformar la movilidad de pasajeros en el país.
por cada peso invertido en transporte público se generan 4 pesos en desarrollo económico
Presentación de la Agenda Nacional de Movilidad 2024-2030, ANPACT
Pendientes hacia 2030
Para que el transporte público mexicano cumpla con los ODS rumbo a 2030, la UITP plantea abordar varios frentes de manera simultánea, empezando por la renovación de flota con financiamiento adecuado y supervisión estricta para evitar corrupción, y una reforma en los modelos de administración que los haga más eficientes y transparentes, con mayor participación de usuarios y supervisión gubernamental1.
A esto se suma la necesidad de acelerar la transición a energías limpias, con inversión en infraestructura de carga y subsidios para unidades eléctricas o híbridas, y de digitalizar el transporte público mediante sistemas de información en tiempo real1. El reto no es menor: la falta de recursos y, en algunos casos, la corrupción han impedido un avance significativo en los programas de renovación existentes.
- Renovación de unidades con financiamiento y supervisión estricta
- Reforma a los modelos de administración del transporte
- Aceleración de la transición a energías limpias
- Digitalización y sistemas de información en tiempo real
- Revisión de políticas de tarifas y subsidios
- Fortalecimiento de legislación e infraestructura
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