A cuatro años de 2030, el transporte público en México sigue arrastrando rezagos de infraestructura, cobertura y financiamiento que ponen en riesgo el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, según un diagnóstico de la Unión Internacional de Transporte Público (UITP) presentado durante el 15 Congreso Internacional de Transporte. El organismo identifica cinco frentes —renovación de unidades, modelo de administración, transición a energías limpias, nuevas tecnologías y marco de tarifas y legislación— como las tareas pendientes más urgentes del país.1
Un sistema desigual entre ciudades
El diagnóstico de la UITP describe un país con dos velocidades: mientras Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey han desarrollado sistemas relativamente modernos —metro, metrobús y tren ligero—, la mayoría de las zonas urbanas y rurales del país carecen de servicios eficientes y seguros.1
Esa brecha no es solo de cobertura geográfica: según datos citados por Proyectos México, con base en la publicación Public Transport in Mexico Towards 2030 de la propia UITP, 96% de los viajes interestatales de personas se realizan en autobús, 43% de los trabajadores usa transporte urbano para llegar a su empleo y 27% de los estudiantes depende del transporte público para trasladarse a clases.2
Flota vieja y administración fragmentada
El primer punto crítico señalado por la UITP es la renovación de unidades: el organismo plantea que es indispensable implementar programas de renovación de flota a nivel nacional, con financiamiento adecuado y supervisión estricta para evitar corrupción.1
El segundo frente es el modelo de administración. La UITP sostiene que la gestión del transporte debe reformarse para ser más eficiente y transparente, con mayor participación de los usuarios y supervisión gubernamental.1 Ese diagnóstico coincide con el que hace la organización en otro análisis sobre política nacional, donde advierte que la ausencia de una política unificada ha provocado la fragmentación de los sistemas de transporte, generando congestión vehicular, tiempos de traslado excesivos y un impacto negativo en la productividad.3
- Renovación de unidades con financiamiento nacional y supervisión anticorrupción
- Reforma del modelo de administración hacia mayor transparencia
- Aceleración de la transición a energías limpias
- Digitalización y nuevas tecnologías en la operación
- Revisión de políticas de tarifas, subsidios, legislación e infraestructura
Electromovilidad, todavía marginal
En materia de energías limpias, la UITP documenta avances concretos pero acotados: ciudades como Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey y Mérida han implementado en conjunto 524 autobuses eléctricos hasta la fecha del reporte.4
El parque eléctrico e híbrido en general sigue siendo minoritario frente al total del parque vehicular del país. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), hasta septiembre de 2023 se habían registrado 233,528 vehículos híbridos y eléctricos en México, de los cuales el 85% son híbridos puros, 8% híbridos enchufables y solo 7% completamente eléctricos.4 La Ciudad de México y el Estado de México concentran el 43% de ese total, aunque la cifra es marginal frente a los 55 millones de vehículos que circulan en el país.
Lo que hay que saber
- Diagnóstico
La UITP identifica cinco frentes pendientes: flota, administración, energías limpias, tecnología y tarifas/legislación.
- Autobuses eléctricos
524 unidades operan en Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey y Mérida.
- Uso del transporte público
43% de los trabajadores y 27% de los estudiantes dependen de él para trasladarse.
- Marco legal
La Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial (Enamov) 2023-2042 coloca al transporte público como eje del desarrollo.
El respaldo legal ya existe, falta ejecución
México cuenta desde hace años con un marco normativo que, en el papel, respalda la agenda de la UITP. En 2019 el país se convirtió en la primera nación en declarar el acceso a la movilidad segura un derecho humano, y dos años después aprobó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMySV) para garantizar que todas las personas puedan moverse con seguridad, equidad y accesibilidad.3
En 2023 se publicó la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial (Enamov) 2023-2042, que coloca al transporte público como eje del desarrollo integral para que sea accesible, seguro, sostenible e inclusivo en todo el país.3 La UITP también ha respaldado la adopción de la Política Nacional de Transporte Público Colectivo Urbano (PNTPCU), que aborda accesibilidad, sostenibilidad, seguridad, financiamiento y gobernanza como ejes para enfrentar los desafíos de las ciudades mexicanas en el siglo XXI.5
La adopción de la Política Nacional de Transporte Colectivo Urbano en México depende en gran medida de la colaboración entre los empresarios del transporte y las autoridades gubernamentales.
Fernando Páez Mendieta, Director de WRI Colombia
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