Cada 30 minutos una persona pierde la vida en un siniestro vial en México, según cifras retomadas por la Fundación Aleatica, mientras un análisis publicado por Pasajero7 advierte que la política pública de seguridad vial del país sigue priorizando el negocio de los seguros por encima de atacar las causas estructurales de los accidentes.2
Un enfoque reactivo, no preventivo
El artículo de Pasajero7 sostiene que gobiernos, regulaciones y políticas públicas priorizan la reacción y el negocio de los seguros por encima de atacar las causas estructurales de los siniestros.1 Según el texto, en los últimos años se ha registrado una disminución significativa en el interés por la prevención de la seguridad vial por parte de los gobiernos, pese a que la legislación lo exige.
El diagnóstico apunta a un problema de coordinación entre órdenes de gobierno: la federación señala a los estados y viceversa, mientras las adecuaciones a leyes locales mantienen congelada la reglamentación necesaria.1 A nivel municipal, el análisis señala que muchas policías de tránsito se limitan a crear infracciones o trámites después de las desgracias, y culpan a estados y federación por no tener facultades suficientes.

El peso del sector asegurador
Uno de los señalamientos centrales del artículo es que el impulso para crear una Ley Federal de Movilidad y Seguridad Vial surgió con el empuje del sector asegurador, ante el crecimiento del parque vehicular y el correspondiente aumento en ventas de seguros.1 El texto plantea que la mayoría de los planes aplicados actualmente se centran en el aspecto comercial de los seguros, con cláusulas que buscan minimizar el gasto de las aseguradoras en lugar de ofrecer soluciones reales de fondo.
El caso del transporte público es señalado como particularmente crítico: unidades que operan de forma informal, sin documentos legales válidos, ante la falta de cobertura de las aseguradoras y condiciones contractuales diseñadas para el rechazo de siniestros.1 El análisis también apunta que factores como la edad y las condiciones mentales de los conductores son frecuentemente ignorados en las políticas públicas.
Una crisis medible en cifras
El panorama nacional respalda la urgencia del reclamo. De acuerdo con datos del INEGI retomados por Pasajero7, en 2023 se registraron 381,048 hechos de tránsito en el país.2 La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) documentó que 40 personas mueren diariamente por siniestros de tránsito en México, de las cuales cerca del 70% son peatones, ciclistas y motociclistas.
Otras estimaciones citadas por el medio, con base en el Instituto Nacional de Salud Pública, ubican a México en el séptimo lugar mundial y tercero en Latinoamérica en fallecimientos por accidentes de tránsito, con un promedio de 22 jóvenes de entre 15 y 29 años muertos cada día y cerca de 24 mil decesos anuales.4 Los siniestros viales representan además un costo económico estimado entre 1.5% y 2.1% del PIB, equivalente a alrededor de 538 mil millones de pesos anuales en gastos, indemnizaciones y atención médica.2
Lo que hay que saber
- Frecuencia de muertes
Una persona muere cada 30 minutos por un siniestro vial en México, según la Fundación Aleatica.
- Hechos viales en 2023
El INEGI registró 381,048 hechos de tránsito en el país durante ese año.
- Grupos más afectados
Casi 70% de las víctimas mortales son peatones, ciclistas y motociclistas, según la AMIS.
- Costo económico
Los siniestros viales representan entre 1.5% y 2.1% del PIB, unos 538 mil millones de pesos anuales.
Respuestas institucionales en marcha
Frente a este panorama, existen esfuerzos institucionales en distintos niveles de gobierno. En abril, durante la Octava Sesión Ordinaria del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial celebrada en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, las secretarías de Sedatu, SICT y Economía suscribieron la Cruzada Nacional por la Seguridad Vial, con la adhesión de al menos 26 entidades federativas comprometidas a implementar acciones alineadas a la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial (Enamov) 2023-2042.3
En paralelo, la Fundación Aleatica lanzó la cuarta edición de una convocatoria 2026 para financiar proyectos de sociedad civil enfocados en seguridad de motociclistas, transformación de puntos de riesgo y cultura vial, con una bolsa total de 1 millón 50 mil pesos y acompañamiento técnico durante ocho meses.5 La directora de la fundación, identificada en el texto como Martí, señaló sobre las víctimas de motociclistas: "Pero más allá de las cifras, hay una familia, una historia y una vida que pudo haberse evitado perder".
Pero más allá de las cifras, hay una familia, una historia y una vida que pudo haberse evitado perder
Martí, Fundación Aleatica

El reclamo por sanciones y rendición de cuentas
El análisis de Pasajero7 concluye con un llamado a la acción: considera inaplazable retomar las acciones necesarias para la prevención de siniestros de tránsito, argumentando que la mayoría de estos hechos no son fortuitos, sino provocados por factores prevenibles.1 El texto plantea que deberán imponerse sanciones ejemplares a los actores responsables en caso de persistir la negativa a atender el problema, sin importar si la responsabilidad corresponde al ámbito federal, estatal o municipal.
Entre los factores de riesgo que el análisis pide atender de forma inmediata se encuentran las incapacidades, el consumo de drogas y alcohol, el uso de celulares al conducir, las fallas mecánicas por falta de mantenimiento, además de condiciones de infraestructura como baches, iluminación deficiente y señalización insuficiente.1
- Conducción bajo efectos de alcohol o drogas
- Uso de celular al volante
- Fallas mecánicas por falta de mantenimiento
- Infraestructura en mal estado: baches, iluminación y señalización deficientes













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