El Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, que preside la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), aprobó por unanimidad en junio la Política Nacional de Transporte Público Colectivo Urbano (PNTPCU), un instrumento que busca alinear el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y la movilidad entre los tres órdenes de gobierno3. El documento llega en un país donde más del 80% de la población vive en zonas urbanas y donde la ausencia de una guía unificada ha derivado en sistemas de transporte fragmentados, con congestión y tiempos de traslado excesivos1.
Qué cambia para las autoridades locales
La PNTPCU no es una ley de aplicación directa, sino un marco de referencia: establece un conjunto de objetivos y prioriza acciones para que cada gobierno local determine el modelo de gestión más adecuado para sus servicios de transporte colectivo, incluyendo el nivel de integración de sus sistemas35.
El texto reconoce que el país arrastra un sesgo histórico en su política de movilidad: durante décadas se privilegió a los sectores con mayor capacidad de elegir modo de traslado —sobre todo usuarios de vehículos particulares— dejando en último lugar a los modos de transporte colectivo, pese a que este concentra a la mayoría de los desplazamientos diarios en las metrópolis5.
El transporte público es un componente esencial en la vida diaria de millones de personas, y su relevancia en el desarrollo de una sociedad moderna es innegable.
Política Nacional de Transporte Público Colectivo Urbano
El punto de presión: los recursos del Protram
La política, sin embargo, no depende solo de la voluntad municipal o estatal para tener efecto práctico. Las autoridades involucradas evalúan que su implementación sea requisito para que gobiernos locales, grandes o pequeños, puedan acceder a los recursos federales del Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo (Protram), lo cual todavía es posible porque el instrumento aún no se publica en el Diario Oficial de la Federación2.
Esa condicionalidad es, en la práctica, la única palanca real que tendría la federación para que la PNTPCU deje de ser una guía voluntaria y se convierta en un filtro efectivo de acceso a financiamiento para proyectos de transporte masivo, desde corredores de autobuses hasta líneas ferroviarias urbanas2.
Lo que hay que saber
- Quién la aprobó
El Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, presidido por la SICT, la avaló por unanimidad en junio.
- Alcance poblacional
Más del 80% de los mexicanos vive en áreas urbanas, la población directamente afectada por el estado del transporte colectivo.
- Mecanismo de presión
Su aplicación podría ser requisito para acceder a los recursos federales del Protram, aunque el instrumento aún no se publica en el DOF.
- Marco legal previo
La política se apoya en la reforma constitucional del 18 de diciembre de 2020 y en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, vigente desde mayo de 2022.
Rezago en tarifas, subsidio y armonización legal
Uno de los vacíos que la propia política busca atender es la falta de criterios nacionales sobre tarifas y subsidio al transporte. Actualmente las tarifas varían de manera considerable entre ciudades y modalidades, y en muchos casos los costos resultan elevados frente a la calidad del servicio, lo que alimenta la insatisfacción de los usuarios4.
El subsidio al transporte público es considerado esencial para mantener tarifas accesibles, pero su distribución debe ser transparente para evitar desvíos de recursos4. A esto se suma que, pese a la entrada en vigor de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, la mayoría de los estados —incluida la capital del país— aún no ha actualizado su legislación local para armonizarla con la norma federal.
De la política a la calle: qué falta por resolver
La política plantea, entre sus ejes, avanzar hacia esquemas de concesión a empresas que sustituyan los modelos operativos deficientes actuales, priorizando eficiencia, seguridad, tecnología actualizada y sostenibilidad social y ambiental5. También busca homologar las rutas de servicio bajo reglas de operación comunes, con la atención al usuario como eje central.
El reto de fondo, señalan especialistas y organismos como la UITP, es que la formulación de la política por sí sola no resuelve la fragmentación existente; su efecto dependerá de si realmente se traduce en planificación estratégica de redes, en inversión en autobuses eléctricos y sistemas de transporte masivo, y en la promoción de modos no motorizados como la bicicleta1.
- Homologar rutas y reglas de operación entre ciudades
- Migrar de esquemas de operación deficientes a concesiones reguladas
- Vincular el acceso a fondos del Protram con la adopción del instrumento
- Actualizar las legislaciones locales conforme a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial
- Definir criterios nacionales de tarifa y subsidio transparente
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