A cuatro años de que México deba rendir cuentas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para 2030, el transporte público del país arrastra los mismos problemas de siempre: unidades obsoletas, tarifas que varían drásticamente entre ciudades y una fragmentación administrativa que, según la Unión Internacional de Transporte Público (UITP), sigue sin resolverse pese a la existencia de una Ley General de Movilidad y Seguridad Vial vigente desde 2022.
Un diagnóstico que no mejora
Especialistas reunidos en el 15 Congreso Internacional de Transporte identificaron los frentes críticos que México debe atender de forma simultánea para cumplir con los ODS rumbo a 2030: renovación de unidades, modelos de administración, transición a energías limpias, nuevas tecnologías, políticas de tarifas y subsidios, y legislación e infraestructura.1
El diagnóstico no es homogéneo entre regiones. Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey han desarrollado sistemas relativamente modernos —metro, metrobús, tren ligero—, pero la mayoría de las zonas urbanas y rurales del país carecen de servicios eficientes y seguros, lo que se traduce en unidades en mal estado, frecuencias irregulares y preocupación constante por la seguridad de los usuarios.1
El transporte mueve a lo más importante de este país: su gente, y es por eso que debemos apostar por este sector que está viviendo un proceso de transición, en algunas ciudades con más retrasos y mala calidad del servicio que en otras.
Elim Luviano, especialista en transporte y movilidad
El costo de la ineficiencia, en cifras
Según datos citados por UITP con base en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 40% de la población mexicana considera ineficiente el transporte público que utiliza a diario.1 La mayoría de las unidades en operación en el país están obsoletas, y las tarifas varían de forma significativa entre ciudades y modalidades, generando costos elevados frente a la calidad del servicio recibido.
La dependencia del transporte público es masiva: de acuerdo con la publicación Public Transport in Mexico Towards 2030, el 96% de los desplazamientos entre estados se realiza en autobús, 43% de los trabajadores usa transporte urbano para llegar a su empleo y 27% de los estudiantes depende del transporte público para ir a la escuela.2
Lo que hay que saber
- Marco legal
México aprobó en 2021 la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, tras declararse en 2019 la primera nación en reconocer la movilidad segura como derecho humano.
- Estrategia nacional
En 2023 se publicó la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial (Enamov) 2023-2042, que coloca al transporte público como eje del desarrollo integral del país.
- Percepción ciudadana
El 40% de la población considera ineficiente el transporte público, según cifras de INEGI retomadas por UITP.
- Dependencia del autobús
El 96% de los viajes interestatales de personas se realiza en autobús, de acuerdo con la publicación de referencia sobre transporte público rumbo a 2030.
Fragmentación administrativa, el freno estructural
Uno de los obstáculos más señalados por UITP es la ausencia de una política nacional unificada de transporte público colectivo urbano. En muchos países —y México no es la excepción— la gestión está fragmentada entre distintas jurisdicciones locales, lo que provoca duplicidades, ineficiencias y falta de coordinación que termina afectando al usuario final.3
Un enfoque nacional permitiría estandarizar servicios, unificar criterios de calidad y mejorar la interoperabilidad entre modos de transporte, facilitando la movilidad interurbana y regional, además de garantizar tarifas justas y condiciones laborales dignas para los operadores del sector.3
En ese contexto, UITP celebró la adopción de la Política Nacional de Transporte Público Colectivo Urbano (PNTPCU), que aborda accesibilidad, sostenibilidad, seguridad, financiamiento y gobernanza como ejes para enfrentar los retos de las ciudades mexicanas.4
La adopción de la Política Nacional de Transporte Colectivo Urbano en México depende en gran medida de la colaboración entre los empresarios del transporte y las autoridades gubernamentales.
Fernando Páez Mendieta, director de WRI Colombia
Electromovilidad: avances puntuales, escala pendiente
La transición a energías limpias es uno de los frentes donde hay avances documentados, aunque todavía acotados. El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) de la Ciudad de México renovó su flota de trolebuses con 413 nuevas unidades Yutong y Zhongtong hasta diciembre de 2023, con una meta de 500 unidades para finales de 2024, dentro del Programa Integral de Movilidad del Gobierno capitalino.5
A nivel nacional, ciudades como Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey y Mérida sumaban 524 autobuses eléctricos en operación en el transporte público hasta la fecha de referencia de UITP, mientras que el parque vehicular eléctrico e híbrido total del país —incluyendo autos particulares— apenas alcanzaba 233,528 unidades según INEGI, frente a los 55 millones de vehículos registrados en México.5
- Renovación de flota con financiamiento nacional y supervisión anticorrupción
- Reforma a los modelos de administración para mayor transparencia
- Aceleración de la transición a energías limpias con infraestructura de carga
- Digitalización y sistemas inteligentes de gestión del transporte
- Revisión de políticas de tarifas y subsidios
- Actualización de legislación e infraestructura de soporte
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